Ante los asesinatos múltiples y otros crímenes cometidos por miembros de organizaciones religiosas, sobre todo en las comarcas indígenas, la Asamblea Nacional debate un anteproyecto de ley que endurece las penas para los que delincan en medio de estas circunstancias.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales discute en primer debate el anteproyecto 137, que adiciona disposiciones al Código Penal relacionadas con circunstancias agravantes comunes.
La iniciativa, propuesta por la diputada Mayín Correa, propone añadir como agravante de delitos: “actuar en nombre o como parte de un culto pretendidamente religioso”.
En la sustentación del anteproyecto se hace referencia a la matanza ocurrida en enero de 2020 en la comunidad Ngäbe Buglé de El Terrón, en donde presuntos líderes religiosos de la organización la “Iglesia de Dios”, asesinaron y enterraron en fosas comunes a siete personas.
Relatos de los moradores de El Terrón señalan que el jefe de la “Iglesia de Dios” amarraba y torturaba a quienes no se plegaban a sus designios, acusándolos de que eran instrumentos del Diablo y que había que sacarle al demonio mediante un exorcismo.
Agregaron que el presunto líder religioso golpeaba, macheteaba y hasta quemaba a sus víctimas, exigiéndoles que vomitaran a sus demonios.
La diputada Correa plantea en su anteproyecto que en los últimos años han surgido en Panamá supuestos líderes religiosos “inescrupulosos” que se arropan en creencias divinas para ganar adeptos y cometer todo tipo de abusos y delitos.
“El fenómeno ha hecho crisis en las comunidades indígenas del país, donde sujetos inescrupulosos han llegado a privar de la libertad a sus seguidores, incluso de la vida, aprovechándose también para lucrar con sus bienes muebles e inmuebles”, enfatiza.
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Correa menciona igualmente un caso más reciente que se registró a mediados de 2020 en la comunidad indígena de El Guayabal de Ñurum, en donde falsos líderes religiosos se aprovecharon de menores de edad para violarlas carnalmente.
Por este caso, sucedido en agosto pasado, están imputados tres hermanos que se aprovecharon de su liderazgo en una supuesta organización religiosa para violar y maltratar a dos niñas de 10 y 13 años.
De acuerdo con las pesquisas, fueron los padres de las menores quienes se la entregaron a los seudo líderes religiosos, quienes supuestamente las amarraban, golpeaban, colgaban de manos y violaban sexualmente.
Unidades policiales rescataron en Ñurum a otras seis personas que estaban privadas de libertad por los imputados.
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El anteproyecto de la diputada de Cambio Democrático añade el acápite 16 al artículo 88 del Código Penal, que habla sobre las circunstancias agravantes y atenuantes en los delitos.
El Ministerio Público y la Policía Nacional han tenido que dejar personal por meses en estas áreas para salvarguardar la seguridad de los moradores y desmantelar estas organizaciones.