Una reforma integral de los delitos de abusos sexuales a menores de edad propuso el Gobierno, lo que involucra subrogar todo un título del Código Penal y dar prioridad a las audiencias por estos casos.
 
Este lunes, la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, autorizada por el Consejo de Gabinete, presentó a la Asamblea Nacional, el proyecto que establece la protección de la integridad e indemnidad sexual de los menores de edad.
 
Precisamente, el término indemnidad sexual, que se refiere al derecho de que la persona no sufra interferencia en la formación de su propia sexualidad, es un elemento innovador en esta propuesta.
 
El proyecto fue anunciado por el mandatario Laurentino Cortizo, una semana después de que se revelara el informe de una subcomisión legislativa en la que se desveló casos de supuestos abusos sexuales contra menores con discapacidad en albergues regentados por el Estado.
 
Entre los cambios se reconoce el interés superior del menor dentro del Código Procesal Penal, como principio rector del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
 
Por imperio de la ley, el Estado reconoce a los menores a ser asistidos gratuitamente por un defensor y que las audiencias de casos de abuso sexual tengan prelación, además de que se realicen en total reserva.
 
El proyecto de ley modifica el Código de Familia, el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley 69 de 2007, en lo referente al Certificado de Información de Antecedentes Personales (récord policivo).
 
Sobre este punto, la ministra de Gobierno informó que ante sentencias condenatorias en las que el juez inhabilite al agresor para cargos o puestos que tengan que ver con menores de edad, dicha información deberá estar visible en su prontuario policivo.
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En lo referente al Código Penal, se propone la subrogación completa del título III referente a las penas.
 
“Permitirá una redefinición de la jurisprudencia en esta materia”, dijo la ministra Tewaney, quien agregó que la futura norma también introduce modificaciones con la finalidad de reforzar la protección estatal a los niños, niñas y adolescentes.
 
En cuanto al Código de la Familia, el documento introduce disposiciones para sentar las bases de políticas públicas encaminadas a la prevención de las diversas formas de violencia contra los menores de edad.
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En este sentido, se crea un proceso especial de protección para víctimas de abuso sexual.
 
Hace más de dos años, en 2018, las penas por estos delitos fueron elevadas, mediante la Ley 21 de ese año.
 
La pena por violencia sexual en perjuicio de menores de edad fue establecida entre 12 y 18 años de prisión, en caso de presentarse varios agravantes.
 
Por pornografía infantil, la pena se fijó entre 15 y 20 años de cárcel, si la víctima tiene menos de 14 años.
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Otras acciones
Este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, se suma a otras iniciativas para la protección de los menores de edad, impulsadas desde que se revelaron los supuestos abusos en albergues.
 
En manos de una subcomisión, conformada por los diputados Kayra Harding (PRD), Corina Cano (Molirena) y Leandro Ávila (PRD), se encuentra siendo analizado un anteproyecto para establecer una política pública para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los niños en el país y para los nacionales que estén en el extranjero.