Jorge Luis Quijano asumió como administrador de la Autoridad del Canal de Panamá en septiembre de 2012, en medio de varios escándalos que marcaron su gestión, como la contratación de familiares por parte de gerentes de recursos humanos, el posible conflicto de interés de su hijo como representante de la empresa que vendió los remolcadores al Canal (Astilleros Armón) y la compra de un fallido software por 15.8 millones de dólares del que nadie pidió rendición de cuentas.
Se trató de la compra del programa Quintiq contratado en 2016 por la gestión de Quijano el cual nunca logró implementarse en la ACP porque no fue efectivo, de acuerdo con un reporte de la propia entidad dirigido a la Asamblea Nacional.
Los daños causados por la fallida contratación nunca fueron investigados y Quijano nunca rindió cuentas al terminar su gestión. Hoy el tema vuelve a cobrar relevancia cuando Quijano se perfila para la campaña política de 2024 como el posible vicepresidente en la nómina Otro Camino que encabeza Ricardo Lombana.
Quijano aprobó la adquisición de la plataforma Quintiq el 15 de diciembre de 2016 con el supuesto objetivo de “incrementar la capacidad y los ingresos operativos del Canal a través de una mejor programación del horario de los buques.
Ello también prometía optimizar la disponibilidad, utilización y costo de los recursos marítimos a través de una mayor integración y coordinación de la programación de las operaciones realizadas por los pilotos, remolcadores, esclusas, pasacables, lanchas y vehículos, entre otros que intervienen en las operaciones del Canal.
Nada de ello se logró. Lo único cierto o confirmado es que Quijano aprobó el pago de los 15.8 millones de dólares por el programa Quintiq, el cual ni siquiera pasó por un periodo de prueba antes de concretar el desembolso del dinero, ahora sumido como pérdidas millonarias y por el cual nadie responde.
Las pruebas se hicieron posterior al pago del contrato. “Se inició el diseño, configuración, desarrollo y las primeras pruebas de Quintiq en ambientes no productivos del Canal de Panamá. El proceso de implementación de las licencias de la plataforma Quintiq en servidores de la ACP en ambientes no productivos se realizó desde el 19 de septiembre de 2017 al 25 de julio de 2018”, detalla el informe de la ACP.
Pero finalmente Quintiq no fue implementado, esperando que las pérdidas millonarias para el Canal no se convirtieran en un escándalo público.
“No obstante lo anterior, la capacitación de los usuarios, configuración y desarrollo de dicha solución no se llegó a completar. En las primeras pruebas en ambientes en desarrollo y prueba se identificó que Quintiq no brindaba la optimización y la eficiencia esperada”, concluye el informe que establece que el total pagado o perdido para el Canal fue de 15 millones 814 mil 522 dólares.
Ignorando este escándalo, recientemente Quijano salió a denunciar que cuando fue administrador era encerrado por diputados para pedirles nombramientos a cambio de conseguir que se aprobara el presupuesto de la ACP. Sin embargo, durante sus funciones Quijano nunca dijo nada.
Otro tema que sacó a la luz pública la diputada Zulay Rodríguez fue el conflicto de interés del hijo de Quijano, Jorge Quijano Richard, quien se convirtió en el representante legal de Astillero Armón la misma empresa que vendió los últimos remolcadores comprados por el Canal, precisamente en la gestión de su padre.
La diputada Rodríguez consiguió que la firma MLS & Associates le respondiera un cuestionario el 8 de abril de 2015 donde confirma la relación de Quijano con el proveedor de los remolcadores. Incluso MLS & Associates señaló que fueron ellos que asignaron a Quijano para que atendiera Astilleros Armón cuando era parte de esta firma.
“Al finalizar la relación laboral del licenciado Quijano (hijo) con MLS & Associates, este se llevó al cliente, empresa Astilleros Armón, para la firma forense Quijano y Asociados, donde comenzó a laborar”, señaló textualmente MLS & Associates en respuesta a la diputada Rodríguez.