Los últimos gobiernos de Panamá, presididos por Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo prometieron en campaña cambios fundamentales en la Constitución política, pero ello solo se quedó en promesas incumplidas.
Durante la administración de Juan Carlos Varela, el tema ni siquiera fue abordado ya que a juicio del entonces gobernante estaba esperando el momento indicado para impulsar dichos cambios, pero las anheladas reformas nunca llegaron.
Con el gobierno de Laurentino Cortizo se avanzó en un borrador que incluso llegó a la Asamblea Nacional, pero la inclusión de aspectos que más que un avance representaban retrocesos generaron una serie de protestas que obligó al presidente a olvidar el tema.
La última reforma a la Carta Magna se realizó en el 2004, luego que mediante dos Asambleas se lograron algunos cambios que para algunos representan simples parches, sin que temas fundamentales fueran incluidos.
A juicio de conocedores en materia constitucional Panamá requiere cambios profundos en todo el sistema, por ello no se puede solo hacer pequeñas reformas sino crear una Constitución nueva que vaya de acuerdo a la realidad mundial.
Tras las fallidas reformas que se trataron de pasar durante el actual gobierno, hubo algunos sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos que impulsaron recolección de firmas para convocar a una Asamblea Constituyente, pero dicha propuesta no recibió el apoyo de la ciudadanía.
Los intentos de impulsar una nueva Carta Magna en Panamá data de décadas, pero no ha habido acuerdos políticos, o la presión de la ciudadanía para que ello se concrete.
Tras convocarse el pasado 1 de junio a la elecciones generales para el 5 de mayo de 2024, hay sectores que consideran adecuado que se aproveche este torneo electoral para incluir una quinta papeleta que pregunte al electorado si está de acuerdo o no con una nueva Constitución Política.
Especialistas plantean que solo se necesitaría una ley que faculte al Tribunal Electoral a incluir esa papeleta extra el día de las elecciones y así se pueda abordar un tema que está en mora por muchos años.
Uno de los propulsores de esta iniciativa fue el jurista y catedrático Miguel Antonio Bernal quien cuestiona que Panamá sea uno de los países que prohíbe la participación ciudadana para el llamado a una constituyente como ocurre en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia entre otras naciones.
“Aquí lo pertinente es aprovechar las elecciones de 2024 para que se incluya la quinta papeleta para que el pueblo panameño decida con la pregunta sí o no, si se quiere una nueva Constitución vía constituyente, lo demás son falacias”. Indica.
Aclara que no hay impedimento legal para incluir esa nueva papeleta porque se puede hacer mediante una sencilla ley que así lo establezca. Incluso cita lo ocurrido en Colombia en 1991, que a su juicio tuvo muy buenos resultados.
Explicó el abogado que el mecanismo se podría incluir en la misma ley que convoca, pero la quinta papeleta es si quiere o no una nueva Constitución y quién gana las elecciones está obligado a convocar, no en base al artículo 314 de la Constitución.
Por su parte el especialista en Ciencias Políticas, Richard Morales, recuerda que la exigencia de la quinta papeleta viene de hace algunas décadas, incluso hubo un intento muy serio antes de las elecciones de 2004.
Considera que ello responde al clamor de un proceso constituyente que ha sido ignorado por distintos gobiernos y que la legislación restrictiva que hay en el proceso para la convocatoria de una constituyente.
“Esa insistencia de incluir una quinta papeleta es una demostración de que existe conciencia de que requerimos de una nueva Constitución, y que se requiere de un proceso constituyente”, destaca.
No obstante, plantea que el problema está en que se viene a apelar a los tomadores de decisiones actuales, quienes son precisamente los que tratan de evitar que se de ese proceso constituyente.
Recuerda que la Carta Magna actual no contempla la quinta papeleta, pero todo pareciera indicar que mediante una ley se pudiera facultar al Tribunal Electoral incluirla, nada lo impide.
“Para todos los efectos mediante una ley, incluso podría argumentarse que puede hacerse sin la ley, pero el debate yo diría que estaría más de tipo político y no jurídico. Implica que debe existir la voluntad política para incluirla, los obstáculos jurídicos son secundarios en esta situación”.
Manifiesta Morales que los gobiernos no han querido, y los dos últimos gobiernos el de Varela y de Cortizo prometieron cambios constitucionales sin cumplir, mientras que la recolección de firmas no fue viable.
“No va haber un proceso constituyente sino existen niveles de conciencia, organización y movilización popular para exigirlo y ese es el enorme desafío que exista esa fuerza popular que obligue a los tomadores de decisiones a tener que incluir el llamado a una constituyente”.
En el caso del analista político Danilo Toro, es de la opinión que se necesita una nueva Constitución, no reformas, pero le preocupa de plantearle a la gente esa alternativa, porque cree que el ciudadano no le queda claro ni siquiera qué grado de conocimiento o de importancia le otorga a una nueva Constitución.
“En términos generales, la gente, no creo que tenga mucho conocimiento de lo que se busca tengo esa impresión, basada en mi opinión y no en estudios”, señala.
Agrega que esa alternativa sobre la que está de acuerdo la tiene que pasar por el cuestionamiento de que solamente sería útil si la gente es educada o advertida por una campaña que implique formar criterios sobre la Constitución, porque sino la gente estaría votando por algo que no conoce.
“Si no se educa al ciudadano sobre lo que es una Constitución y cuál es la importancia de la misma se estaría votando sobre algo que no tendría la menor relevancia o importancia para el ciudadano o por lo menos que no está dentro de las cosas prioritarias para é”, resalta.
Plantea que a la gente en este momento le interesa más cómo consigue un trabajo y posiblemente no le interese que le pregunten sobre una Constitución.
“Eso que yo considero que es vital y prioritario sólo veo viable si el Estado se compromete a formar y educar a la gente a través de campañas sobre para qué sirve la Constitución”, recalca.
Si bien la propuesta no ha sido formalizada, se espera que en los próximos meses tome mayor fuerza, incluso llegue a la Asamblea Nacional y al Tribunal Electoral.