El Gobierno reaccionó ayer a las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) sobre presuntas irregularidades cometidas en Panamá y afirmó que defenderá los intereses del país.
Mientras que el bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), mencionado en la nota “Pandora Papers” que ha sido publicada en varios medios de comunicación, advirtió que la investigación “está plagada de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma”.
Otro que reaccionó fue el expresidente Ricardo Martinelli, quien denunció que la información de ICIJ se hizo con la colaboración de panameños “resentidos sociales, sin ningún ánimo de hacer periodismo, si no de destruir su país. Son apatridas”.
Martinelli le contestó con antelación un cuestionario a ICIJ, en donde explicaba que no es cliente de Alcogal, pero los periodistas del Consorcio no lo publicaron.
“Siempre supe que jamás publicarían lo que les escribí. Por eso lo publiqué preguntas y respuestas al no ser cliente de Alcogal”, tuiteó el exmandatario Martinelli.
El vocero de Martinelli, Luis Camacho, también tuiteó: Expresidente Martinelli volvió a demostrar que es una persona inteligente. Auto llamado Consorcio Internacional de Periodistas le mandó un cuestionario que él no solo respondió, sino que publicó su respuesta en sus cuentas hace más de un mes para demostrar cómo la manipularían”.
Ante la negativa del Consorcio a publicar las respuestas de Martinelli, el exgobernante reiteró categóricamente que “jamás he sido cliente de Alcogal, ni empresas de mi propiedad, salvo Panaholding hace 30 años tenía el 1% de acciones y las respuestas a sus preguntas las cuales parece han tratado de confundir pero más claro no puede estar”.
Un comunicado del Gobierno señala que para evitar “apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño”, trabaja de forma cohesionada e institucional para contrarrestar las repercusiones negativas de un escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país.
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El Gobierno le comunicó a ICIJ que sigue con detenimiento sus publicaciones y le solicita que evite referencias sin justificación asociadas al país.
“La Superintendencia de Sujetos no Financieros, a su vez, hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país”.
“Y la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas”, destaca.
Destacó que en un año suspendió a más del 50% de las 762,709 personas jurídicas inscritas.
lcogal se defiendeLa firma panameña de abogados aseguró que hizo una auditoría interna y que “no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por la ICIJ”.
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Agrega que en algunos de los casos las personas mencionadas no fueron clientes suyos y en otros las sociedades anónimas no fueron creadas por Alcogal. Sostiene que se confundieron en la interpretación de la legislación panameña y la relacionan con tiempos en que no estaba vigente el “conoce a tu cliente” por parte de las firmas de abogados.
Acusa al Consorcio de elaborar la información desconociendo la legislación vigente. Alcogal afirma que la ICIJ los contactó con antelación a la publicación  solo para cumplir con una mera formalidad, pero de antemano ya tenían establecido quién sería culpable y quién inocente en su particular forma de interpretar la debida diligencia.