Las conversaciones entre el Gobierno e IBT Group acerca de las construcciones de instalaciones de salud que fueron gestionadas hace una década y que hoy se encuentran paralizadas, no han arrojado todavía resultados positivos, a pesar de que el interés de las autoridades es llegar a un acuerdo.
Las construcciones de los hospitales de Bugaba, Metetí y Colón, paralizadas desde hace tres años, continúan deteriorándose, al igual que el Anita Moreno, de Los Santos, que fue el único que se entregó, debido a que fue en forma parcial y hay espacios que no están abiertos.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que hubo una nueva reunión entre las partes, en la Contraloría General.
“Vemos con muy buenos ojos el avance que hay. Yo sé que todos quisiéramos que esto fuera mucho más rápido. Lamentablemente, siempre la empresa va a tener su posición y nosotros en el caso del Ministerio de Salud (Minsa) nos corresponde cuidar los intereses de la nación y por tanto, ser estrictos en los números que se estén manejando”, dijo el ministro de Salud.
Hace dos meses, durante un recorrido en la ciudad de Colón, el presidente Laurentino Cortizo anunció las negociaciones que se sostienen con la empresa y prometió que antes que termine el año, se retomará la construcción de los tres hospitales.
Sucre informó que un equipo interinstitucional se reúne con representantes del IBT, en el que participan funcionarios del Minsa y la Contraloría, para analizar las cifras sobre los proyectos hospitalarios y lo que pide el grupo empresarial.
En enero del año pasado, en reunión celebrada en la Presidencia de la República, se pudo conocer que el costo global inicial de estos proyectos, que fue $237 millones, había ascendido a $418.8 millones, debido a las adendas realizadas a los contratos.
Este es el principal tema que se discute en la mesa de negociaciones instalada en la sede de la Contraloría General, y que de seguro habrá dilatado la negociación, ya que IBT Group solicitó que las adendas se aprueben y sean refrendadas.
Arbitraje
IBT ha entablado un arbitraje contra el Estado panameño, pero no por los hospitales, sino por la fallida construcción de la nueva cárcel de mujeres, que se ubicará cerca al Complejo Penitenciario La Joya.
El arbitraje fue registrado por la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el 18 de junio de 2021.
Hay que destacar que la empresa había desistido de un primer arbitraje, sin embargo volvió a colocarlo, esta vez acompañado de Eurofinsa, que controla dos tercios de las acciones de la compañía.
Las diferencias surgieron por la rescisión del contrato a IBT Group para construir el nuevo penal femenino, por parte del Ministerio de Gobierno, decisión que fue, posteriormente ratificada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, en mayo de 2020.