La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de revisar la decisión del procurador interino, Javier Caraballo, de no admitir una querella criminal contra el director del Servicio Nacional Aeronaval, Jeremías Urieta, por supuestos hechos irregulares ocurridos en la desaparición del agente Miguel Ávila.
La decisión de la Sala Penal se adoptará mediante una audiencia de garantías solicitada por los abogados de los familiares del agente desaparecido y se fundamenta en que los magistrados de esta sala son los funcionarios que tienen competencia para juzgar a los jefes de la Fuerza Pública por tener mando y jurisdicción a nivel nacional.
Justino González, abogado de los familiares, dijo que el Ministerio Público debió iniciar una investigación sobre los hechos querellados para esclarecer las situaciones confusas, contradictorias “y hasta sospechosas” para llegar a la verdad de lo que ocurrió en la embarcación Tornado 5001 en febrero pasado en el golfo de Montijo, provincia de Herrera.
Sostuvo el abogado González que la decisión del procurador interino dejará muchas dudas e interrogantes por resolver y condenará a la familia del desaparecido a un limbo histórico que quedará sin respuesta.
Criticó González que la resolución que dispuso no admitir la querella “parece más un alegato escrito en defensa del director del Senan, en contraposición del rol que la Constitución le asigna a ese ente investigador para investigar y esclarecer hechos que constituyen delitos”.
La familia del desaparecido Miguel Ávila realizó un piqueteo ayer en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia para exigir que se investigue la desaparición del agente.
Desde su desaparición, en medio de un operativo antidrogas, los familiares del desaparecido han denunciado que existen inconsistencias en las versiones que han brindado los compañeros del agente Ávila.
Incluso, han afirmado que la embarcación del Senan no estaba en condiciones de operar.