Ciudad de Panamá, Panamá/El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, arribó la noche del sábado 15 de febrero al Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras presentar una denuncia ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza.

Méndez indicó que en la OIT hay una queja presentada desde el gobierno del expresidente de la República, Laurentino Cortizo, y que ha sido ampliada con el actual gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Recordó el cierre de las cuentas bancarias del Suntracs, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Suntracs R.L y las restricciones en cuentas del Banco Nacional de Panamá.

El pasado 12 de febrero, obreros de la construcción realizaron protestas en la avenida Balboa como rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS), que derivaron en serios enfrentamientos con la Policía Nacional y que dejaron varios heridos.

Aunque hubo más de 400 aprehendidos, 83 de ellos fueron llevados a audiencia, donde la Fiscalía logró la imputación de cargos y se espera que este domingo, en el tercer día de esta diligencia, se conozcan las medidas cautelares.

Méndez dijo estar informado y que todo se va a debatir legalmente, por lo que aseguró que la defensa de los obreros se prepara para apelar las decisiones de la juez de garantías.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza y Gina Díaz De Gracia, solicitó la imputación por seis delitos: privación de libertad, lesiones personales, delitos contra la vida y contra funcionarios en ejercicio, seguridad colectiva y delitos contra el patrimonio.

La defensa de los detenidos, sin embargo, cuestionó la “falta de elementos de convicción” que vinculen directamente a los acusados con los hechos. Los defensores de estas personas argumentaron que no se especificó el grado de autoría de los detenidos y sugirieron que el incendio pudo ser causado por las bombas lacrimógenas utilizadas por la policía. Ante estos señalamientos, el Ministerio Público aclaró que los detenidos están siendo procesados por complicidad, no por autoría directa.

Entre las pruebas recabadas por la entidad, indican que figura el testimonio de un contratista que denunció actos vandálicos dentro del proyecto por parte de personas identificadas como miembros de un grupo sindical, así como declaraciones de personal administrativo que aseguró haber sido retenido contra su voluntad.

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Los fiscales también destacaron que mantienen testimonios sobre incidentes violentos que incluyeron el lanzamiento de objetos contundentes como trozos de hierro, puertas y varillas. Según las autoridades, los presuntos responsables se negaron a abandonar el lugar pese a los requerimientos de la Policía Nacional.

Felipe Cabezas, abogado de un grupo de trabajadores detenidos, declaró a TVN Noticias su descontento con la forma en que se han formulado los cargos, asegurando que, a pesar de que las audiencias han sido individualizadas, las 83 personas arrestadas enfrentan exactamente las mismas acusaciones.