La seguridad vial es un tema mucho más complejo que aumentar las multas o las penas a conductores involucrados en accidentes de tránsitos.
El último inventario de la Fundación de Educación Vial de Panamá registró más de 11 propuestas de leyes que han llegado a la Asamblea Nacional con distintos temas, en mano de diferentes diputados y que han quedado dispersas en el tiempo, sostiene Osiris Gratacós.
La mayoría de estas propuestas tienen en común que nacen como un fenómeno reactivo ante un siniestro vial dramático que perturba la opinión pública por un par de semanas y que luego desaparecen.
Luego de diez años de análisis, Gratacós considera que es el momento adecuado para legislar en el tema, siempre y cuando involucre a la sociedad civil, profesionales idóneos y con las referencias y la asesoría correctas, garantizando que el compromiso sea con la sociedad panameña, y pensado a largo plazo.
En los últimos meses, en la Asamblea Nacional se han discutido temas como la obligatoriedad de la póliza de seguro vigentes, importación de vehículos seguros, se aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No.529, que crea el Plan de Seguridad y Movilidad, y otras tantas iniciativas legales para endurecer las sanciones y penas para conductores en estado de ebriedad.
Incluso, la diputada Mayín Correa solicitó la aprobación de un proyecto de ley, presentado por varios diputados de diferentes bancadas, que sanciona con cinco a nueve años de prisión a los conductores de vehículos que lo hagan bajo los efectos del alcohol.
Para el subcomisionado Luis Hernández de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, el interés en este último tema, cobra sentido considerando las implicaciones que tiene un accidente de tránsito donde se involucra el consumo de alcohol o estupefacientes.
Los accidentes que involucran conducir bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad, en la mayoría de los casos tiene consecuencias fatales que resultan en pérdidas de vidas o víctimas con lesiones graves y permanentes, señala Hernández.
El Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi) reportó un total de 29,164 accidentes de tránsitos durante el 2021 que dejaron como resultado 6,728 personas lesionadas y 243 víctimas fatales.
En el 2021, la DNOT registró un total de 9,957 infracciones por embriaguez comprobada y 2,817 por aliento alcohólico.
Solamente, en el área metropolitana, específicamente en Juan Díaz y San Miguelito, se reportaron 863 accidentes de tránsitos que involucraban a conductores bajo los efectos del alcohol, un promedio de 30 a 100 accidentes por mes.
La mayoría de los accidentes que involucran alcohol se reportan durante los fines de semana, en horas nocturnas y son conductores que salen de fiestas familiares, parkings o eventos festivos, señala Hernández.
Para la activista de la Fundación de Educación Vial de Panamá las estadísticas son referencias pero no brindan grandes aportes si no se estudian a profundidad.
Para Gratacós es primordial prestar atención al hecho que la mayor cantidad de víctimas fatales se dan por atropello. Para el 2020, el Oisevi reportó 59 muertes por atropello, cifra que se incrementó a 91 durante el 2021. Para la experta, el aumento o la disminución en los accidentes es relativo, la pregunta que tienen que hacerse las autoridades es, ¿de dónde salen los conductores irresponsables que no conocen las normas y dónde están siendo capacitados?
Sostiene que una ley integral sobre seguridad vial también debe considerar una prueba psicológica para el conductor, la supervisión y la homologación curricular de las escuelas de manejos que los forman y la educación vial a nivel de sociedad.
La primera reacción de un conductor en estado de embriaguez que causa un accidente, es darse a la fuga, indica el subcomisionado Hernández, situación que atribuye a la falta de concienciación que tiene la población sobre la responsabilidad que conlleva operar un vehículo a motor.
Hernández sostiene que desde la DNOT se lleva educación vial a las escuelas, no obstante, lo que se le enseña a los niños no se predica en los hogares. Indica que se han dado accidentes donde las víctimas son hijos o familiares del conductor que operaba el vehículo bajo los efectos del alcohol.
Hernández coincide en la necesidad de implementar una ley de seguridad vial integral, y advierte que de lo contrario, tendremos más conductores escapando de la escena de los accidentes de tránsito para evadir las sanciones.
Panamá es un país autocentrista donde creemos que el que está en un vehículo tiene privilegio sobre el que está a pie, señala Gratacós y advierte que la humanización de la seguridad vial también es una tendencia en el mundo. Urgen más aceras, pasos peatonales, ciclovías, ciclorrutas e infraestructura meno agresivas, concluye.
La normas del Tránsito en Panamá también establece obligatoriedad para los peatones que caminen por la vía pública.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró un decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030 para reducir en un 50% las muertes y traumatismo debido al tránsito.
El Plan Mundial describe las medidas necesarias para alcanzar esa meta, y hace un llamado a los gobiernos y asociaciones para aplicar un enfoque de sistema seguro integrado.
Esta última semana, diputados, representantes de la sociedad civil, expertos internacionales, autoridades de Tránsito, el Ministerio de Obras Pública, entre otros, iniciaron un diálogo para unificar algunos criterios, un paso esperanzador en cuanto a seguridad vial se refiere.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) evalúa posibles modificaciones y actualizaciones al Reglamento de Tránsito Vehicular de la República.