La junta de Birmania sigue estrechando el cerco sobre Aung San Suu Kyi: la exdirigente, condenada ya a 11 años de prisión, fue sentenciada este lunes a otros seis años por corrupción, un veredicto calificado de “injusto” por Washington y la UE.

Las penas de cárcel contra la premio Nobel de la Paz, de 77 años, suman ahora 17 años.

Aung San Suu Kyi compareció en aparente buena salud ante el tribunal militar, según una fuente cercana al caso, y no hizo comentarios tras la lectura del veredicto.

Arrestada el 1 de febrero de 2021 tras el golpe militar, la exdirigente permanece aislada en un lugar secreto de Naipyidó, la capital de Birmania, desde fines de junio. El golpe puso fin a una década de transición democrática en Birmania.

Su juicio, que empezó hace más de un año y se realiza a puerta cerrada, continuará en el centro donde está detenida. Los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con la prensa y las organizaciones internacionales.

Está acusada de numerosos delitos como violación de una ley sobre secretos de Estado, fraude electoral en los comicios de 2020 -que ganó su partido-, sedición y corrupción, entre otros cargos.

La premio Nobel podría acabar condenada a décadas de prisión al finalizar el megajuicio.

EE. UU.: “afrenta a la justicia”

“La injusta detención, condena y sentencia del régimen militar” de Birmania contra Suu Kyi “es una afrenta a la justicia y al Estado de derecho”, dijo este lunes un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, denunció a su vez la “injusta” condena e instó al “régimen birmano a liberarla inmediatamente y sin condiciones, así como a todos los presos políticos, y a respetar la voluntad popular”.

“Los procesos fabricados por la junta, la tortura a detenidos y la ejecución de activistas, ilustran de forma clara el desprecio por la vida en Birmania”, declaró en un comunicado la oenegé Human Rights Watch, que calificó la condena de “ilegítima”.

El analista político David Mathieson dijo a la AFP que “los juicios para castigar a Suu Kyi y su entorno tienen como objetivo borrar el pasado democrático” de Birmania.

Varias voces han denunciado que existe un ensañamiento judicial motivado por consideraciones políticas, con el objetivo de acabar con la hija del héroe de la independencia y gran vencedora de las elecciones de 2015 y 2020.

Aung San Suu Kyi sigue siendo una figura muy popular en Birmania, aunque su imagen internacional se vio empañada por su incapacidad para defender a la minoría musulmana de los rohinyás, víctimas de persecuciones y abusos del ejército en 2016 y 2017, un “genocidio” según Estados Unidos.

Opositores de la junta en el poder creen que la lucha debe ir más allá del futuro de la premio Nobel, para acabar con el régimen militar. Miles de ellos han tomado las armas en varias regiones de Birmania, a contracorriente del principio de no violencia por el que aboga Aung San Suu Kyi.

El ejército defiende su proyecto de organizar elecciones en el verano boreal de 2023. Estados Unidos ya rechazó este “simulacro” de elecciones que no pueden ser “ni libres ni justas en las condiciones actuales”, según el secretario de Estado Antony Blinken.

La junta tomó el poder alegando supuestos fraudes en las elecciones de 2020, ganadas de forma abrumadora por el partido de Aung San Suu Kyi.

Desde el golpe más de 2.100 civiles han muerto violentamente y más de 15.000 están detenidos, según una oenegé local.

FUENTE: AFP