Este domingo 9 de agosto, el panel de expertos de Radar habló sobre la desigualdad, el sentimiento de estar a la deriva, desprotegido y en la necesidad de hacer algo para solucionar los problemas.

Estamos frente a un escenario “apocalíptico”, afirma el excanciller Jorge Eduardo Ritter. Incluso los economistas más optimistas reconocen que el decrecimiento de la economía será de al menos 10%.

René Quevedo, especialista en temas laborales, recuerda que hay 275,000 contratos suspendidos registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Esto no incluye todos los que no están registrados, principalmente en el sector informal. Estima que alrededor del 50% de los empleos en el sector privado se han perdido.

“Me preocupa enero. Se piensa que en enero los trabajadores van a regresar a sus empleos y que tendrán suficientes fondos para hacer frente a siete meses acumulados de deuda. Eso no va a ocurrir”, lamentó.

Quevedo se refirió a los resultados de una encuesta realizada por Fedecámara, en la que el 81% de los microempresarios declaró que la economía no se va a reactivar, y el 91% que el país va rumbo al caos social.

Esta falta de confianza es un duro golpe a la economía, que necesita del consumo para poder reactivarse. Pero, ¿cómo pedir a las personas que consuman si no tienen sus ingresos garantizados?

Quevedo señala que se prevé que el 47% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) ya han cerrado o no van a regresar con la cantidad de personal que tenían antes de la pandemia.

La respuesta para Quevedo es tomar acciones drásticas.

“Lo primero que tenemos que hacer es levantar la cuarentena. La cuarentena no tiene ningún sentido, ni epidemiológico, porque nos llevó a ser los número uno en contagios por habitantes en todo el mundo, ni social, lo que ha hecho es paralizar la economía”, declaró. “Más es el daño social y económico que puede hacer la cuarentena que cualquier beneficio sanitario. Si no lo logramos en 5 meses, no lo vamos a lograr. El enemigo no es el virus, el enemigo ahora es el hambre”, acotó.

El investigador Leopoldo Neira es una de las grandes autoridades en temas de opinión pública y encuestas. Una encuesta reciente hecha por Dichter & Neira mostró que el 43% de las personas opinan que Panamá está manejando la pandemia peor que el resto de Latinoamérica.

Señala que hay “bolsones de pobreza” en el país que no han sido bien atendidos.

En materia sanitaria, la opinión pública no es muy favorable tampoco. El 47% piensa que estamos viviendo el peor momento de la pandemia, el 52% que lo peor aún está por venir.

Al preguntar sobre el futuro del bolsillo de los panameños, 61% piensa que lo peor en materia económica aún está por llegar.

Selectividad

La selectividad en la justicia es uno de los grandes cuestionamientos de la sociedad civil. En casos de alto perfil como Odebrecht la justicia se mueve por la voluntad de países como Estados Unidos, Suiza y España, mientras que Panamá va detrás.

“Hay una especie de mal sabor de porque estos casos surgen en España, porque surgen en Estados Unidos, y porque aquí adelantamos con tanta lentitud. Puede ser en parte el sistema nuestro, que es muy lento, muy formalista y muy dado a permitirle a las personas tácticas dilatorias. Pero también creo que hay un poco de falta de voluntad del país para terminar con estos procesos”, señaló Ramón Ricardo Arias, expresidente del Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional.

Arias reconoce que en Panamá existe selectividad en la justicia. Señala que hay muchas personas naturales y jurídicas involucradas en los casos como bancos, compañías de seguros, abogados, subcontratistas…

“Al Ministerio Público le toca ser selectivo en a quienes va a investigar y a quienes va a perseguir. En algunos casos, solo de las pruebas que tienen surgen investigaciones hacia una determinada persona. Siempre va a haber selectividad, pero no necesariamente es la selectividad que nos quisieran hacer ver algunos”, explicó Arias.

Arias lamenta que al parecer son las grandes empresas como Odebrecht y FCC quiénes “tienen la sartén por el mango”. Advierte que las delaciones eficaces no están escritas en piedra, y que son procesos que se desarrollan en el tiempo.

El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, enfrenta una investigación por violar las normas sanitarias, las mismas por las que diariamente cientos de panameños aparecen esposados en fotos publicadas por el Twitter de la Policía Nacional.

Judy Meana, gobernadora de Panamá y vicealcaldesa suplente en permiso, se prepara para investigar a Fábrega. Detalla que está a la espera de la opinión del procurador de la Administración sobre si debería declararse impedida en el caso.

“Como gobernadora yo tengo que cumplir mis funciones. Así como me pueden denunciar por extralimitación de funciones, también puede ser por omitir mis funciones. Estoy ejerciendo el cargo”, enfatizó.

Subsidio a niñas víctimas de violación

Esta semana se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que pretende otorgar un subsidio de 75 dólares mensuales a niñas de 12 años o menos víctimas de violación.

Rossana Uribe, presidenta de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), expresó su completo rechazo a la iniciativa en cualquiera de sus formas.

“Este proyecto es un despropósito de arriba a abajo. Esto tiene que ser eliminado. Tenemos confianza en que por una vez nuestros diputados muestren la seriedad requerida, la madurez que tenemos que tener como país para rechazar este despropósito de ley”, manifestó Uribe. “Lo que se necesita es invertir en educación. Tener una educación sexual cónsona con los tiempos, clara”, concluyó.

Advierte que, si no se invierte en educación, no importa cuántos subsidios se entreguen, no se va a resolver el problema.

La experta dio el ejemplo de otros países en los que, al momento de reportarse una violación, se le aplica una prueba médica a la víctima, tomando una muestra de semen para poder encauzar al responsable, y entregándole antibióticos para prevenir enfermedades sexuales y una píldora de emergencia para prevenir el embarazo.

Lamenta que no hay educación sexual en los colegios públicos del país, lo que perpetúa en muchos casos el círculo de la pobreza.