Después de la dictadura militar el sistema político panameños mantiene falencias que a lo largo de los años persisten y generan desconfianza, insatisfacción y rechazo de parte de la ciudadanía que espera cambios contundentes.
Las autoridades han tratado de dar a entender que la democracia en Panamá solo es la participación de los ciudadanos cada cinco años en elecciones, pero sin permitir la verdadera inclusión de la población en decisiones importantes. La decisiones de importancia para el país muchas veces son tomadas por quienes gobiernan sin siquiera realizar una consulta ciudadana, o escuchar el clamor de quienes los eligieron.
Incluso, en algunas ocasiones esas medidas aprobadas por los órganos Ejecutivo y Legislativo han sido causante de rechazo popular en las calles, que en cierto grado han hecho recular a las autoridades.
No obstante, la poca voluntad de quienes ostentan el poder y la falta de una fuerte presión ciudadana ha permitido que el sistema político panameño no avance y se quede estancado.
En ese proceso electoral que se le permite a todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad participar, está manipulado de tal forma que no se toman las mejores decisiones.
Al ciudadano solo se le toma en cuenta para solicitarle el voto el día de las elecciones pero después es ignorado.
A través de los años se ha hablado de la necesidad de realizar cambios profundos de la Constitución Política de Panamá y del sistema político, no obstante, ello se ha quedado en promesas electoreras que no han avanzado.
Ese proceso electoral, al que se convoca cada cinco años a la población, está diseñado de tal forma que sea el dinero, el clientelismo y malas prácticas las que sobresalgan sobre una verdadera democracia participativa.
Millones de dólares que se destinan a campañas políticas, que luego cuando se llega al poder tratan de recuperar para los donantes; una forma inexplicable de otorgar curules en la Asamblea Nacional; muchas trabas para que ciudadanos independientes participen como candidatos, son algunas de las falencias que se siguen manteniendo a pesar de que se habla de una nación democrática.
En ese sentido, el analista político, Danilo Toro, indica que el modelo de democracia de Panamá, es totalmente anticuado, ya que es un modelo que data de principios del siglo 20, que descansa fundamentalmente en la actividad electoral, y la actividad electoral es un pedazo de la vida democrática de un Estado o una nación.
Un segundo aspecto que agrega el analista es el cuestionamiento a la representatividad, específicamente al momento de otorgar las curules en la Asamblea Nacional mediante un mecanismo de cociente, medio cociente y residuo. A juicio de Toro esto es necesario reformarlo totalmente, debido a que los panameños no se sienten representados.
Un tercer aspecto que plantea Toro, es que el sistema panameño permite que el electorado escoja a sus autoridades de forma directa, pero al momento de querer sacarlo por incumplimiento o porque no satisface las expectativas del electorado se le establecen muchos obstáculos. Considera que así como es fácil elegirlos debe ser fácil revocarles el mandato.
Por su parte, el especialista en Ciencias Políticas, Richard Morales, considera que es la forma como se manejan millones de dinero en donaciones sin un control adecuado. Él cree que ello permite que haya mucha corrupción cuando la persona, partido político o candidato llegue al poder, ya que tiene que retribuirle esos fondos a sus donantes mediante hechos que históricamente se han cuestionado.
“Hay una regulación muy débil entorno al manejo de las donaciones y su uso en campaña, y eso termina corrompiendo desde la cima la política y veo muy poca voluntad para reformar el papel del dinero en la política, sobre el tema de las donaciones y el clientelismo y hay muy poca transparencia en el manejo de esos dineros. Esa poca voluntad en elección tras elección donde termina mandando es el dinero y no el debate democrático de ideas”, denuncia el politólogo.
Agrega que el filtro final para todas las decisiones de reformas es la Asamblea Nacional, cuyos integrantes nunca van a aprobar una reforma electoral que sea contraria a sus intereses y a los intereses de quienes invirtieron en ellos para llegar al poder.
Considera Morales que tendría que haber una sociedad muy bien organizada para presionar con fuerza y contundencia al Ejecutivo y Legislativo a que se realicen los cambios que requieren en país.
Se requiere, según el especialista, una participación masiva que ponga contra la pared tanto el Ejecutivo como al Legislativo y se realicen los cambios adecuados tanto en la Constitución Política como en la leyes.
En tanto, el abogado y catedrático Miguel A Bernal es de la opinión que el sistema electoral que existe en Panamá es lo más antidemocrático, en el momento en que excluye una real y efectiva participación ciudadana y señala que el solo hecho de que exista un magistrado que tiene más de 30 años de estar en el cargo, ya describe perfectamente las características antidemocráticas de las normas que de ellos puedan emanar y de su decisión.
“Yo creo que el obstáculo más grande está en este país para una democratización, radica en el Tribunal Electoral”, plantea.
Destaca que es necesario un cambio real de la Constitución, ya que “aquí queremos seguir haciendo las cosas al revés, aquí reformamos códigos, leyes, etc sin darnos cuenta que eso de nada sirve porque la Constitución militarista que se apresta a cumplir 50 años en octubre sigue siendo la camisa de fuerza que imposibilita el proceso de modernización de nuestras instituciones”, recalca.
En medio de esta situación le corresponde es a la población organizarse de forma tal que pueda exigir con presión y autoridad los cambios que se requieren en el sistema político panameño.