Ciudad de Panamá, Panamá/En la actualidad, más de 13 mil hectáreas donde se ubica la mina de cobre en Donoso permanecen inactivas. El Tajo Botija, con sus 180 metros de profundidad, de donde se extraía material con cobre para ser procesado en la zona de relave de más de 2.000 hectáreas, está paralizado desde hace 15 meses, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la semana pasada que se permitirá exportar el concentrado de cobre almacenado en las bodegas y adelantó que el tema de la mina será abordado próximamente “con mucha responsabilidad”. En respuesta a estas declaraciones, la empresa minera ha informado que ha instruido a sus abogados para suspender los arbitrajes internacionales y dar inicio a conversaciones constructivas.

“Estamos en plena disposición de hablar con las autoridades y entender cuál es la hoja de ruta que ellos quieren establecer. Lo importante es que se haga con urgencia”, manifestó Manuel Aizpurúa, gerente de Cobre Panamá.

Sin embargo, el ministro de la Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha sido enfático: “El presidente Mulino ha sido muy claro en decir que hasta que no haya una suspensión de todos los arbitrajes no se va a hablar. La mina está cerrada, quiero ser categórico en esto. La mina está cerrada y no ha habido ninguna otra decisión al respecto”.

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El funcionario agregó que “una vez que se suspendan todos los arbitrajes que están andando, el presidente y el ministro del MICI, que ve temas mineros, el asunto de la mina”. Mientras tanto, aseguró que “desde el punto de vista ambiental se están llevando adelante las revisiones e inspecciones periódicas”.

TVN Noticias consultó al Ministerio de Comercio e Industrias sobre los planes del Gobierno, pero la entidad respondió que no habrá declaraciones por el momento. Por su parte, desde el Centro de Incidencia Ambiental se recuerda al Estado y a Minera Panamá que no existe un contrato válido.

“Están reproduciendo los mismos vicios, como si no existiese un fallo de inconstitucionalidad. Aquí no se puede hablar de reapertura porque va en contra de la Constitución y la Ley. Además, no se puede hablar de una renegociación o de otorgar una nueva concesión porque hay una Ley de moratoria minera que lo prohíbe. De modo que es un exabrupto en todo sentido”, sostienen Lilian Guevara directora de dicho centro.

Por su parte, Gabriel Diez, presidente del Conep, manifestó que el tema minero requiere mucho debate, pero “un debate instruido, con información correcta y, sobre todo, buscando los mejores intereses del país y de los panameños”.

En la galera de la mina se encuentran almacenadas unas 130 mil toneladas de concentrado de cobre, con un valor aproximado en el mercado de 250 millones de dólares.

Aún se desconoce con precisión para quién será ese dinero y cómo se utilizará. Aizpurúa indicó que: “Los ingresos que se perciban de la exportación de ese concentrado los vamos a emplear en continuar preservando el sitio hasta el momento en que se pueda dar la reapertura”.

El ministro Navarro ha declarado que “sin duda le tienen que dar un rédito al país, y las condiciones bajo las cuales se va a exportar tienen que ser de mutuo acuerdo entre la empresa, que está ahí todavía cumpliendo la función de garantizar ambientalmente el buen manejo adecuado del sitio, y el Gobierno de Panamá, que es el propietario“.

Mientras tanto, Minera Panamá ha reanudado las excursiones a la mina. En el lugar se observan buses con visitantes y maquinaria que ya muestra signos de óxido. En la actualidad, hay 1.300 trabajadores en el sitio, una cifra significativamente menor a los 7.000 que laboraban cuando la mina estaba en operación.

Con información de María De Gracia