Panamá debe reformar su sistema de protección a la infancia para resolver la “deuda histórica” que mantiene con la niñez, dijo este viernes Unicef, después de que un informe destapó años de abusos sexuales y maltratos psicológicos y físicos a menores en albergues bajo la supervisión del Estado.

“El sistema como está ahora mismo no funciona, hay que reformarlo. Se necesita una ley de protección. Unicef insta a las autoridades a que resuelvan de una vez esa deuda histórica que tiene el Estado con la niñez”, dijo a Efe el experto en política social de Unicef, Jorge Giannareas.

Un informe de una subcomisión del Parlamento de Panamá reveló esta semana que decenas de menores fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores desde 2017 en al menos doce albergues financiados y supervisados por el Estado.

El documento, al que tuvo acceso Efe, confirmó que “existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”, además de las malas condiciones en las que viven.

Los niños estaban bajo la tutela del Estado y habitaban en albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada y que en su junta directiva están los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.

El informe será presentado ante la Fiscalía junto con una denuncia, y este órgano “debe investigar los hechos y esclarecerlos”, dijo Giannareas.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha instado a las autoridades competentes de Panamá a realizar las investigaciones pertinentes con la mayor prontitud posible, para determinar los hechos y las responsabilidades que corresponda.
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UNA LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, LA CARENCIA DE PANAMÁ

Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una ley protección de la niñez, a pesar de los dos intentos en los últimos 15 años por crear una regulación de calidad y reformar el sistema, señaló Giannareas.

En 2007 el Ejecutivo, “tras un largo proceso de consulta, aprobó un proyecto de ley para crear una sistema de protección a la niñez, y se llevó a la Asamblea Nacional” o Parlamento, pero este “nunca lo discutió”, añadió. 

En 2018 “ocurrió lo mismo”. Después de un proceso de “dos años de consulta y elaborar un proyecto de ley con estándares internacionales de una alta calidad, el Ejecutivo lo aprobó y la Asamblea nunca inició el primer debate”.

“Parece que hay fuerzas que han impedido los intentos de reformar el sistema mediante una ley de protección a la niñez”, agregó Giannareas.
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LOS ABUSOS, UNA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL COMPARTIDA

La Senniaf, que ya ha ratificado en un comunicado su “compromiso con el bienestar de la infancia” ha sido señalada como la principal responsable del escándalo.

El experto de Unicef indicó que la Senniaf, creada en 2009, es una institución “nueva, débil, de pocos recursos” y “con muy pocas capacidades”, por lo que “no se puede pretender que todos los niños del país estén bajo su protección”. 

“Esto no es solo responsabilidad de la Senniaf, hay una serie de instituciones frente a este tema, como la jurisdicción de niñez y adolescencia, esos niños están en los albergues a raíz de que los jueces los envían allí”, y estos hospedajes, “en general, están bajo la supervisión del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia”, indicó.

El asunto también “es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, porque esos albergues funcionan con subsidios que se los da el mismo ministerio, y tiene que supervisar y vigilar esas cuentas”.

Además, “todo lo que son servicios de educación y salud deben reconocer su responsabilidad”, pues “ellos pueden reconocer cuando un niño es abuso o maltratado y jugar su papel”.

“Es una responsabilidad compartida e institucional (…) La ciudadanía espera que los hechos sean investigados y esclarecidos y además que las responsabilidades penales sean exigidas”, afirmó el experto de la agencia de la ONU.