Un proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo a finales de enero para acabar con los constantes apagones que sufren los hogares panameños podría ser contraproducente, si no es bien reglamentado.
En vez de sancionar a las distribuidoras eléctricas, se establecerá un programa de inversiones para mejorar las redes, pero si no es bien llevado, al final los usuarios podrían cargar con las mejoras al sistema a expensas de un deficiente servicio por parte de estas empresas, advirtió el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
La propuesta fue presentada por el viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Almengor, y busca establecer un programa de inversiones especiales por parte de las distribuidoras por medio de reducciones tarifarias pendientes o remanentes y sanciones por incumplimientos de las normas de calidad establecidas en el respectivo contrato de concesión o de aplicación general, que no hayan sido aplicadas a los clientes a partir de 2011.
El SIP advirtió que la mayor parte de las penalizaciones acumuladas a la fecha por parte de las distribuidoras, obedecen a deficiencias de nivel técnico en lo que respecta a la confiabilidad que representa la frecuencia de las interrupciones que sufren los clientes y no, precisamente, a la falta de mantenimiento de la red.
Sin embargo, ven con buenos ojos que un programa de inversiones, debidamente fiscalizado, puede ser mejor que un crédito mínimo en la factura de los usuarios, como compensación por un servicio deficiente.
Aún así, el Sindicato de Industriales considera que las inversiones especiales no deben formar parte de la valoración que se realiza como parte del proceso de revisión tarifaria y que sirve para determinar las tarifas de los clientes finales, como se puede interpretar un artículo del proyecto.
“Sería comprometer el derecho existente del usuario de percibir realmente una compensación por una prestación deficiente del servicio y la posibilidad de que termine pagando dichas inversiones, premiando a las distribuidoras por una gestión deficiente”, advierte el gremio industrial en carta enviada al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero.
El sindicato propone que se establezca un listado de inversiones de proyectos específicos para estas penalidades, los cuales sean públicos para que los usuarios puedan darle seguimiento y fiscalización.
El proyecto fue aprobado, sin ningún cambio, en primer debate por la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, el pasado 3 de marzo y está pendiente por ser discutido en el Pleno legislativo.
Los apagones constantes en todo el país es la principal queja de los usuarios con respecto al servicio que brindan las tres distribuidoras eléctricas que operan en el territorio desde que se privatizó este sector, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
A pesar de esto, a estas compañías se les renovó la concesión.