El caso legal en el que fiscales del Ministerio Público pretenden involucrar al Grupo Epasa, tiene un origen eminentemente político, y nació en la Asamblea Nacional de la mano de estrechos colaboradores del entonces presidente Juan Carlos Varela.

Luego de una serie de publicaciones de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día que denunciaban presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Varela y que involucraban a su familia y miembros de su Círculo Cero, los diputados José Luis “Popi” Varela, Adolfo Valderrama y Jorge Iván Arrocha, armaron la denuncia penal.

En febrero de 2017, Arrocha fue el vocero de la conspiración contra Epasa. En el Pleno Legislativo profirió amenazas directas, que después fueron remitidas al Ministerio Público y la entonces cuestionada procuradora Kenia Porcell las convirtió, en un corto tiempo, en un proceso legal.

Incluso, el propio presidente Varela hizo declaraciones públicas de corte intimidatorio contra Epasa, aludiendo a las investigaciones que adelantaba sigilosamente Porcell, sin que los representantes legales ni los abogados de la editora lo supieran.

El 1 de febrero de 2017, Arrocha advirtió desde su curul: “Quiero pedirle a la procuradora que investigue a un diario de Panamá, me refiero al Grupo Epasa del Panamá América”.

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“Aprovechando la coyuntura de que en nuestro país se exige más justicia y transparencia, yo quiero pedirle a la procuradora que se investigue la compra de este medio de comunicación”, vociferaba el panameñista Arrocha.

Después de su intervención, el entonces diputado le pidió a la Secretaría General de la Asamblea que remitiera la solicitud de investigación a la Procuraduría de la Nación.

En sus amenazas en el Pleno, Arrocha mostró información bancaria confidencial que solo puede ser revelada por órdenes judiciales expresas y que manejan únicamente la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Seguridad del Estado, ambas adscritas directamente al entonces presidente.

Y lo que inició como amenazas de Varela, diputados de su bancada legislativa y de abogados vinculados a su partido político, terminó, cuatro meses después, en una conferencia de prensa, encabezada por la propia Porcell y su plana mayor de fiscales, el 26 de junio de 2017, en la que anunció una investigación penal que involucra al Grupo Epasa.

En un hecho inusual y violando la presunción de inocencia, Porcell reveló detalles de una investigación incipiente, con lo cual desconoció, además, la reserva del sumario que invocaba entonces con mucha frecuencia para evitar hablar de casos relacionados con Varela o allegados a su gobierno.

Porcell confirmó en esa conferencia que la investigación, denominada ‘New Bussiness’, se originó el 10 de febrero de 2017 por información enviada desde la Asamblea Nacional, en donde diputados allegadosArrocha a Varela utilizaron el tema para presionar y chantajear públicamente a Panamá América y Crítica, con el fin de tratar de neutralizar las publicaciones sobre presuntos casos de corrupción del Gobierno.

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Coincidentalmente, Porcell mostró en la conferencia de prensa los mismos cuadros y el organigrama que, en su momento, utilizaron el diputado Arrocha en el Pleno y el abogado panameñista Jaime Abad, quien presentó una denuncia sobre el mismo caso ante el Ministerio Público mediante una “iniciativa ciudadana”.

Arrocha estaba molesto por publicaciones sobre presuntos actos de corrupción de él, del expresidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, y de familiares políticos del hermano del presidente, el también diputado José Luis Varela.

Semanas después de que Arrocha, aupado por José Luis Varela, hiciera las amenazas contra el Grupo Epasa en el Pleno, fue elegido primer vicepresidente de este órgano del Estado.

El cargo de vicepresidente de la Asamblea Nacional involucra el pago de importantes prebendas económicas e influencia en el resto de las instituciones públicas.

Luego de varias publicaciones de Panamá América y Crítica sobre los vínculos con Odebrecht de una sociedad relacionada con la cuñada de José Luis Varela, entonces diputado y presidente del Partido Panameñista, Arrocha profirió las amenazas contra Epasa y dijo que había hecho investigaciones, como si fuera parte del Ministerio Público.