Violaciones y delitos sexuales en aumento

Los últimos casos de violación y otros delitos sexuales muestran la incapacidad del Estado para proteger la vida e integridad de las mujeres, jóvenes y niñas en Panamá, advierten activistas de derechos humanos.
Estadísticas del Ministerio Público indican que en el mes de enero se reportaron 472 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, en promedio, unos 15 casos diarios.
Estos casos aumentaron en 13% comparado con el 2021, cuando se reportaron 416, lo que resulta en 56 víctimas más.
Del total de los casos reportados, 170 fueron por violación, 27 por violación doblemente agravada; otros 173 casos por acceso sexual con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, 66 por actos libidinosos y dos por acoso sexual.
El caso reciente de una niña guna de 8 años de edad que dio a luz a un niño producto de una violación, generó indignación en la población que ve con preocupación la incidencia de casos de violencia sexual en Panamá, así como las edades de las víctimas.
Para Juana Camargo, socióloga y activista, esto es el resultado de un Estado cómplice que no destina los presupuestos necesarios a instituciones encargadas de promover campañas y políticas contra la violencia y para aquellas llamadas a hacer cumplir las leyes.
Camargo sostiene que a pesar de todos los avances en materia legal, Panamá no cuenta con el andamiaje que le permita la transformación de la sociedad.
“La sociedad ha construido a las mujeres como un objeto sexual, que están para ser abusadas y donde culpamos a las víctimas”, reclama la activista. “El tema no es como te vistas, es la sociedad permisiva a la vulneración de la integridad de los otros”, advirtió.
Los daños físicos pueden sanar, pero la violencia psicológica y los rastros de una violación altera la vida entera, el desarrollo psicosocial de la persona y su perspectiva del futuro.
Camargo cuestionó lo que califica como una sociedad inmoral que condena el aborto y se hace parir a una niña de 8 años, fruto de una violación, y en que por más de 20 años se espera por una educación integral en sexualidad, para niños y adolescentes.

Para la activista Lucy Córdoba, estas cifras son el resultado de niñas que nacen y viven en medio de la violencia, con madres que han sufrido violencia, muchas en condiciones de pobreza y en un círculo patriarcal.
Córdoba agrega la violencia cultural, mediante la cual mujeres no tienen acceso a la planificación porque sus parejas se lo impiden, mujeres que no saben leer ni escribir y sufren discriminación en todos los aspectos que las obliga a aislarse, porque le temen a la justicia, a las autoridades y hasta a los hospitales.
Los casos de menores de edad abusados por familiares o personas que tienen a cargo su cuidado, generó reacciones en la población que exige mayor responsabilidad por parte de los padres.
Ante esto, Córdoba señala la necesidad de que los municipios también promuevan lugares seguros, tipo Caipis, con el personal capacitado, donde las madres puedan dejar sus hijos mientras trabajan.
En el mes de enero, también se reportó 34 denuncias por corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.
Para Camargo el drama social producto de la pandemia, también ha dejado a las mujeres en indefensión, expuestas en trabajo informal, vendiendo de puerta en puerta u optando por el trabajo sexual.
La situación de las mujeres es una pandemia que golpea a la sociedad desde siempre, en la que aún no se terminan de reconocer derechos fundamentales, concluyó la activista Juana Camargo.